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La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, que agrupa a los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha lanzado una seria advertencia: el riesgo de un apagón en estos departamentos persiste. A pesar del reciente anuncio del Ministerio de Minas y Energía sobre un pago de $231 mil millones en subsidios a Air-e, los gremios insisten en que esta suma es insuficiente para sacar a la empresa de su profunda crisis financiera y operativa.
Deuda creciente agrava la situación
El problema central, según la veeduría, radica en la lentitud del Gobierno nacional para transferir a Air-e Intervenida los recursos necesarios del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Estos fondos son vitales para saldar una deuda de $1.2 billones que la empresa tiene con las generadoras de energía, una situación que se ha exacerbado desde la intervención. El desembolso actual cubre menos del 20% de esta cifra, lo que dista mucho de ser una solución.
La deuda de Air-e con las generadoras se ha disparado. En septiembre de 2024, al momento de la intervención, era de $940 mil millones. Sin embargo, para marzo de 2025, esta cifra se había incrementado a $2.1 billones, un aumento que los gremios atribuyen a los primeros seis meses de administración de la Superintendencia.
Amenaza al Sistema Eléctrico Nacional
Esta acumulación de deuda podría llevar a que las empresas térmicas no puedan adquirir los combustibles necesarios, declarándose indisponibles para generar energía y poniendo en jaque a todo el Sistema Eléctrico Nacional. Los gremios critican que la intervención de Air-e se realizó sin un plan estructural y sin la asignación prioritaria de recursos, lo que ha provocado que la situación financiera de la empresa sea hoy más crítica que antes.
Además, expresan su desacuerdo con cualquier posible intervención injustificada a otros actores del mercado energético, advirtiendo que tales medidas generarían cuantiosos perjuicios y ahuyentarían la inversión privada, vital para el sector.
Consecuencias graves y llamado a la acción
La veeduría subraya la falta de una estrategia integral por parte del Ministerio de Minas y Energía para asegurar la sostenibilidad operativa del mercado eléctrico a largo plazo. Un apagón, advierten, tendría repercusiones devastadoras: afectaría la productividad económica, interrumpiría el suministro de acueductos, generaría riesgos para la salud y la seguridad, y causaría pérdidas de alimentos, entre otros impactos sociales y económicos severos.
Los gremios han presentado propuestas concretas, respaldadas por un estudio de FUNDESARROLLO, que buscan mejorar la operación del sistema eléctrico regional, reducir las tarifas de energía para los usuarios finales y estabilizar a Air-e Intervenida con soluciones a corto, mediano y largo plazo. Hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para que actúe de inmediato y evite una crisis que afectaría directamente la calidad de vida de millones de personas.
COMUNICADO APAGON EN ATLÃ_NTICO, MAGDALENA Y LA GUAJIRA ES INMINENTE
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