Amenaza de apagón nacional se cierne por deudas del Gobierno al sector eléctrico, advierte Liga de Usuarios

 

La posibilidad de un apagón a nivel nacional se torna cada vez más real, según la alerta emitida por la Liga Nacional de Usuarios. La organización denunció el crítico panorama financiero del sector eléctrico colombiano, originado por el significativo incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de subsidios y obligaciones pendientes con las empresas de energía.

Norman Alarcón, vocero de la Liga, no dudó en calificar la situación actual como un "apagón financiero" en curso, con el grave riesgo de desencadenar un "apagón físico" si la administración central no toma medidas correctivas de manera urgente.

Las cifras expuestas por Alarcón son alarmantes: más de 3 billones de pesos adeuda el Gobierno a las comercializadoras por los subsidios tarifarios de los estratos 1, 2 y 3, recursos que ya fueron descontados a los usuarios. A esta suma se añade la deuda de 1.5 billones de pesos que la empresa Air-e mantiene con los generadores y proveedores de energía.

El vocero detalló que el Gobierno debería girar mensualmente alrededor de 300 mil millones de pesos para cubrir los subsidios. Sin embargo, los constantes retrasos han inflado la deuda a niveles preocupantes. Alarcón también recordó que la Superintendencia de Servicios Públicos tiene bajo su intervención a varias empresas, incluyendo Air-e y el acueducto de Valledupar, y que es responsabilidad del Gobierno asegurar su operatividad mediante el pago oportuno de sus gastos, algo que no estaría sucediendo.

La gravedad de la situación llevó a los generadores de energía a emitir un ultimátum al Gobierno: si las deudas no se saldan antes de septiembre, cortarán el suministro a las empresas afectadas. Este ultimátum, sumado al preocupante deterioro de la infraestructura eléctrica en las zonas subnormales del Caribe, donde la problemática crece anualmente, incrementa exponencialmente el riesgo de un apagón generalizado.

Alarcón criticó duramente la aparente priorización de recursos para iniciativas como la posible consulta popular, cuyo costo estimado es de un billón de pesos, en detrimento de la solución a la crisis energética. El vocero lamentó el incumplimiento de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro de abordar los problemas tarifarios de la región Caribe, incluso ignorando decisiones judiciales que exigen su intervención.

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Ante la inacción del Gobierno, la Liga Nacional de Usuarios hizo un llamado enérgico a las fuerzas vivas de la región Caribe – gremios, iglesia, academia y medios de comunicación – a unirse para exigir soluciones inmediatas, advirtiendo que la situación actual es insostenible y requiere una decisión política firme por parte del Gobierno Nacional para evitar un colapso energético de consecuencias impredecibles.