Una luz de alerta se ha encendido sobre la gestión de la Gobernación de Córdoba en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). A pesar de que el Gobierno Nacional ha cumplido con la transferencia oportuna de recursos, la administración departamental presenta incumplimientos y demoras que están afectando directamente la operación del programa, crucial para miles de estudiantes.
La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) ha transferido 24.000 millones de pesos a la cuenta maestra, garantizando los fondos necesarios. Sin embargo, este esfuerzo contrasta con la ineficacia de la gestión territorial.
La Gobernación de Córdoba había asumido dos compromisos clave con el director de la UApA, Sebastián Rivera Ariza, pero ambos siguen sin cumplirse:
- El primero, diligenciar correctamente el Plan Financiero Territorial (PFT), herramienta fundamental para la planeación y asignación eficiente de recursos, cuya falta de información ha obstaculizado la estructuración de proyectos.
- El segundo, radicar el proyecto para financiación con recursos de regalías. Aunque se presentó en abril, no cumplió con los requisitos y una nueva versión fue entregada para revisión el 15 de mayo.
Miles de niños afectados por la interrupción del servicio
La situación se tornó crítica a inicios de este año, cuando el PAE no operó en 27 municipios no certificados, impactando a más de 30.000 estudiantes que dependen de este complemento alimenticio. A pesar de que el 31 de diciembre de 2024 se disponía de 5.000 millones de pesos en las cuentas municipales, el servicio no se puso en marcha.
Actualmente, nueve municipios siguen sin iniciar la operación del PAE, a pesar de tener 11.000 millones de pesos del Sistema General de Participaciones (SGP) sin ejecutar. En 2024, el programa solo funcionó 151 días del calendario escolar, y en 2025, inició con una postergación de 15 días y actualmente permanece suspendido. Para muchas familias, esta alimentación escolar es el único sustento diario para sus hijos en edad escolar.
La UApA reitera su compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y la juventud, haciendo un llamado urgente a la Gobernación de Córdoba para que reactive de inmediato los procesos administrativos necesarios y garantice la continuidad del servicio.
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