El Movimiento Campesino del Atlántico, que agrupa a los 23 Comités Municipales de la Reforma Agraria (CMRA), organizaciones de segundo y tercer nivel, y comunidades afrodescendientes, indígenas y pescadoras, ha convocado a la ciudadanía a sumarse a la exigencia nacional de la "Consulta Campesina Ya". Esta iniciativa busca el reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto político de derechos, con capacidad de decisión en temas que conciernen al campo, la producción, el territorio y la soberanía alimentaria.
Líderes del movimiento han enfatizado la importancia de esta consulta, calificándola como una "deuda histórica" con un sector que consideran "invisibilizado". Stephanie López, presidenta del Comité Distrital de la Reforma Agraria de Barranquilla, afirmó que el objetivo es que el campesinado del Atlántico "tenga voz propia en las decisiones del Estado". En la misma línea, Wilman Machado, presidente del CMRA de Sabanalarga, manifestó que el campo "no aguanta más exclusión" y exige "respeto, reconocimiento y participación real en la construcción de país".
Desde diversas representaciones territoriales, se ha subrayado la necesidad de unidad para la defensa de los derechos campesinos. Pablo Ariza, delegado del CMRA de Baranoa, hizo un llamado a unirse en "la defensa de la tierra, el agua y la vida campesina". Ellesmeri, representante de ASOCAMCARIBE y del CMRA de Soledad, destacó que esta consulta es también una lucha por los derechos de las "mujeres campesinas, afrodescendientes y pescadoras del Caribe".
El Movimiento Campesino reafirma su compromiso con la paz y la reforma agraria popular, señalando que el trabajo de los campesinos y campesinas sostiene "la vida y el alimento". Carlos Rubio, vocero de la Coordinadora Somos Tierra, expresó el respaldo total a la iniciativa, argumentando que "sin campo no hay ciudad, y sin campesinos no hay futuro". Finalmente, el movimiento extiende una invitación a todos los sectores sociales, académicos, estudiantiles y sindicales del departamento a respaldar esta jornada nacional, viéndola como un acto de "justicia y democracia real" para que el campesinado pueda ejercer su derecho a decidir sobre la tierra y una vida digna.
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