Registraduría y Unión Europea coordinan seguimiento técnico a las elecciones nacionales

 

En el marco de la preparación para las elecciones legislativas y presidenciales, la Registraduría Nacional del Estado Civil definió la hoja de ruta operativa junto a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. La reunión de trabajo se centró en garantizar la transparencia y el acceso independiente de los más de 120 delegados internacionales que vigilarán la transparencia de los sufragios en las diversas regiones de Colombia durante el presente año.

El plan de observación incluye un seguimiento estricto a la implementación tecnológica y a las garantías de seguridad en los puestos de votación. La Registraduría expuso el esquema logístico que operará en los 13.494 puestos nacionales y los 254 ubicados en el extranjero, asegurando que existen las condiciones necesarias para que los observadores internacionales desempeñen su labor sin interferencias institucionales.

Uno de los puntos clave de la agenda fue la estrategia para combatir la desinformación, un fenómeno que las autoridades consideran un riesgo para la estabilidad del proceso democrático. La misión europea evaluará el impacto de las noticias falsas y participará en los simulacros operativos diseñados para poner a prueba los sistemas de transmisión de resultados y la efectividad de las medidas de protección del voto secreto.

El jefe adjunto de la misión europea, José Antonio Gabriel, subrayó que la apertura total de la entidad electoral colombiana permite un seguimiento informado y riguroso. Este acompañamiento técnico busca no solo certificar la transparencia de los comicios, sino también identificar áreas de mejora en la administración electoral mediante recomendaciones basadas en estándares democráticos globales.

Con este despliegue, el Estado colombiano busca ratificar la integridad de su sistema electoral frente a la comunidad internacional. La colaboración entre la Registraduría y la Unión Europea se presenta como una medida preventiva contra el fraude y como una herramienta para fortalecer la legitimidad de las instituciones que liderarán el proceso electoral de Congreso y Presidencia en 2026.