Comunidad educativa del Atlántico exige garantías de seguridad ante amenazas y extorsiones

 

Docentes, estudiantes y padres de familia de diversas instituciones educativas en el departamento del Atlántico han manifestado su profunda preocupación ante la ola de hechos delictivos que afecta al sector. La crisis incluye desde hurtos constantes hasta atentados y amenazas extorsivas que ponen en grave riesgo la continuidad del calendario académico. Esta situación ha generado un clima de zozobra en las aulas, donde los actores del proceso educativo aseguran sentirse vulnerables frente a la criminalidad.

Recientemente, la tensión aumentó tras la circulación de un panfleto amenazante dirigido a estudiantes de tres colegios en Barranquilla. En el documento, los jóvenes son declarados objetivo militar bajo la acusación de colaborar presuntamente con bandas criminales de la ciudad. Este tipo de intimidaciones directas ha encendido las alarmas de las organizaciones sindicales y de las autoridades locales, quienes ven con asombro cómo el conflicto se traslada a los entornos escolares.

Marinelda Salas Contreras, secretaria general de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), hizo un llamado urgente a la administración departamental y a las alcaldías para que intervengan de manera inmediata. Según la dirigente, es imperativo que el gobernador y los alcaldes asuman su responsabilidad en materia de protección. La solicitud busca que se implementen esquemas de vigilancia que salvaguarden no solo a los maestros, sino también a los estudiantes y sus familias.

Los educadores insisten en que actualmente no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su labor pedagógica al interior de los planteles. La falta de seguridad privada y de presencia policial constante ha facilitado que los delincuentes conviertan a las escuelas en blancos de extorsión. Para el gremio, el ejercicio de la docencia se ha transformado en una actividad de alto riesgo en varias zonas del Caribe colombiano, afectando la calidad de la enseñanza.

Finalmente, la comunidad educativa espera una respuesta contundente por parte de la Fuerza Pública para frenar estas acciones delictivas. Se han planteado mesas de trabajo con las autoridades para evaluar la gravedad de las amenazas y definir rutas de protección efectivas. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los padres de familia, quienes temen por la integridad física de sus hijos cada vez que asisten a las instituciones educativas del departamento.