El Consejo de Estado falló una acción de tutela a favor de un grupo de ciudadanos y estableció restricciones al uso de las alocuciones presidenciales en la televisión colombiana. El alto tribunal dictaminó que el presidente Gustavo Petro y la Presidencia han incurrido en un uso abusivo y desproporcionado de esta herramienta, lo que vulnera el pluralismo informativo y el derecho fundamental a la información de la población.
La sentencia, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera, concluyó que las constantes e ilimitadas transmisiones de las intervenciones del jefe de Estado —particularmente aquellas que se iniciaron en febrero de 2025— afectaron el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su programación y a no ser forzados a recibir la información del Gobierno.
El fallo se fundamentó en la frecuencia, reiteración, duración y, especialmente, en la falta de justificación temática suficiente de las alocuciones. Como resultado, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional limitar esta práctica y asegurar que cumpla con criterios de necesidad y proporcionalidad para su televisación.
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