La Defensoría del Pueblo ha puesto en riesgo electoral a la totalidad del departamento del Atlántico de cara a las elecciones de 2026, según su reciente 'Alerta Temprana Electoral 2025-2026'.
El informe, presentado por la Defensora Iris Marín Ortiz, clasifica el riesgo en dos niveles para las poblaciones del Atlántico:
Acciones Urgentes: Cinco municipios requieren una intervención inmediata de las autoridades: Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo.
Acciones Prioritarias: El resto del departamento, incluyendo la capital, Barranquilla, demanda acciones prioritarias para mitigar los riesgos.
El Impacto de los Grupos Armados en el Caribe
La principal causa de esta alerta es el accionar de grupos armados ilegales y de crimen organizado en toda la macrorregión Caribe (que abarca Atlántico, Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Cesar y San Andrés). La Defensoría identifica la presencia del 'Clan del Golfo' (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el ELN y disidencias de las FARC-EP.
En el Área Metropolitana de Barranquilla, el riesgo se intensifica por las confrontaciones entre estructuras como 'Los Costeños' y 'Los Pepes' contra el EGC y entre sí, luchando por el control de rentas ilícitas. Estos grupos imponen "fronteras invisibles", toques de queda y recurren al "pago por seguridad comunitaria" bajo amenazas, afectando el comercio y el transporte público.
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Estrategias de Control Territorial y Político
El informe detalla cómo estas organizaciones buscan limitar la participación política y ejercer control social:
El 'Clan del Golfo' utiliza la violencia y coacción para impartir órdenes sociales, llegando incluso a vincularse con las comunidades mediante "voceros políticos" para interferir en organizaciones sociales.
Las ACSN ejercen influencia en espacios comunitarios como las Juntas de Acción Comunal (JAC) en zonas rurales de Santa Marta y Ciénaga, buscando incidir en conflictos y expresiones políticas.
El ELN mantiene vigilancia y restringe la movilidad en el centro del Cesar y La Guajira, amenazando a liderazgos sociales.
La Defensoría advierte que la presencia armada, junto con la corrupción electoral y la compra de votos, representa un riesgo directo para el ejercicio democrático, especialmente para las candidaturas que aspiran a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP).
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