El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el cierre total e inmediato del antiguo Puente Pumarejo (conocido también como Laureano Gómez), debido al "gran estado de deterioro" que representa un riesgo inminente para la seguridad de quienes lo transitan. La decisión se adoptó como medida cautelar dentro de una Acción Popular presentada por el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate Salcedo, quien busca la demolición definitiva de la estructura.
Plazo y Entidades Responsables del Cierre
La magistrada Carmen Lorduy González admitió la Acción Popular y concedió un plazo de 45 días, contados a partir de la notificación, para que el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) realicen las obras necesarias para el cerramiento total del puente en ambos extremos. La orden exige la instalación de barreras, barricadas o muros que impidan el tránsito, además de señalización que alerte sobre el riesgo de usar la estructura.
Argumentos de la Acción Popular y Evidencias de Deterioro
La Personería de Barranquilla interpuso la demanda argumentando la vulneración de derechos colectivos como la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. Tras una inspección realizada el pasado 25 de agosto, el personero Alzate y su equipo evidenciaron el "avanzado deterioro de la estructura", la presencia de grietas y huecos en la superficie, el hurto de elementos metálicos y la ausencia de mallas de protección.
Según el demandante, esta infraestructura deficiente no solo amenaza la seguridad de quienes transitan a pie, en motocicleta o en bicitaxis, sino también a las embarcaciones de pesca que circulan bajo la misma, ante un riesgo de desprendimiento de fragmentos o un colapso parcial o total.
Alcance de la Decisión Judicial
Al emitir la medida cautelar, la magistrada Lorduy González confirmó que el riesgo es "evidente" y que la falta de cerramiento en los extremos del antiguo puente facilitaba su uso a pesar de las condiciones.
La decisión judicial de fondo aún deberá abordar otras solicitudes del Personero, como la instalación de una mesa técnica, la elaboración de estudios y la apropiación de recursos para la demolición. También se dejó en análisis la solicitud de establecer una franja de seguridad en el área de navegación debajo del puente, restringiendo el paso de embarcaciones menores en la zona crítica, mientras se define la intervención estructural.
La Acción Popular fue dirigida contra múltiples entidades del orden nacional y territorial, incluyendo el Ministerio de Transporte, el Invías, la ANI, la ANLA, la Dimar, Cormagdalena y los departamentos de Atlántico y Magdalena.
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