Barranquilla es calificada con riesgo extremo de violencia ante los próximos comicios

 

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha categorizado a Barranquilla como un territorio en "riesgo extremo de violencia" de cara al próximo proceso electoral. Según Jessyka Manotas, gerente de Proyectos de la entidad, esta calificación responde a la confluencia de grupos armados y organizaciones delincuenciales en la zona. El análisis advierte que el panorama de orden público actual podría ejercer una presión indebida sobre el normal desarrollo de las votaciones.

Uno de los factores determinantes para esta alerta es el incremento sostenido del fenómeno de la extorsión en la ciudad. La MOE señala que la intimidación hacia el sector comercial y la ciudadanía en general genera un entorno de vulnerabilidad que afecta el ejercicio democrático. Esta situación de inseguridad ha sido consignada de manera explícita en el mapa de riesgo nacional, instando a las autoridades a tomar medidas preventivas.

La preocupación se extiende también a la presencia de dinámicas asociadas al conflicto en otros puntos del departamento. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas para municipios como Baranoa, Campo de la Cruz y Malambo, calificándolos como zonas de acción urgente. La delincuencia organizada y las estructuras criminales en estos territorios representan una amenaza directa para la tranquilidad de los votantes y los candidatos.

Además de los factores de violencia física, la MOE identifica riesgos por posibles anomalías en el comportamiento electoral. Se han detectado puntos críticos en las localidades de Suroccidente, Suroriente y sectores del Norte-Centro Histórico, donde históricamente se concentran indicadores de participación atípica. Estos datos son analizados como síntomas de posibles delitos que podrían empañar la transparencia de la jornada.

Finalmente, el organismo de observación electoral hace un llamado a las instituciones del Estado para intervenir de manera oportuna en los puntos críticos señalados. El objetivo es mitigar el impacto de la delincuencia sobre las urnas y garantizar que la población pueda votar sin coacciones. La articulación entre la fuerza pública y los entes de control será fundamental para reducir los niveles de riesgo identificados en el Atlántico.