Restricciones de la Ofac impiden al gobierno de Venezuela financiar defensa legal de Maduro

 

Una nueva controversia jurídica ha surgido en el marco del proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, debido a que el Departamento del Tesoro impide que Caracas envíe fondos para su representación legal. El abogado Barry Pollack notificó al tribunal que las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han dejado sin efecto la posibilidad de recibir pagos por parte del Ejecutivo venezolano. La defensa califica este hecho como una obstrucción que impide el cumplimiento de los acuerdos financieros establecidos para el caso.

El centro de la disputa radica en una licencia que fue enmendada de manera sorpresiva poco después de ser publicada a principios de año. Originalmente, el documento permitía a los abogados cobrar por sus servicios profesionales, pero la modificación posterior excluyó específicamente el uso de dinero proveniente del erario venezolano para tales fines. Esta decisión se alinea con la política de sanciones que mantiene el Gobierno de Estados Unidos sobre las finanzas de la administración de Maduro, restringiendo el movimiento de activos en su jurisdicción.

En el escrito presentado el 20 de febrero y revelado recientemente, la defensa insiste en que el acusado no dispone de recursos alternativos para sostener un proceso de esta magnitud de forma independiente. Según Pollack, la medida del Tesoro está "interfiriendo" directamente con la autonomía de la defensa y con los derechos procesales fundamentales en el sistema judicial estadounidense. La notificación busca que el juez Hellerstein intervenga o tome conocimiento de las limitaciones impuestas por el brazo ejecutivo del gobierno norteamericano.

El argumento de la defensa también destaca la contradicción que supone procesar a un individuo mientras se le bloquean los canales institucionales para financiar su protección jurídica. Pollack sostiene que el Gobierno de Venezuela tiene la responsabilidad de cubrir estos gastos y que el bloqueo administrativo socava la estructura del debido proceso. Hasta la fecha, la OFAC no ha emitido un pronunciamiento público que explique los motivos técnicos o políticos detrás de la enmienda que restringió el uso de los fondos estatales.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre las sanciones internacionales y los procesos judiciales individuales en cortes extranjeras. Mientras la justicia neoyorquina avanza en el examen de los cargos contra el mandatario venezolano, la viabilidad de su defensa técnica pende de la resolución de este conflicto administrativo ante el Tesoro. La decisión final sobre la licencia determinará los términos en los que se desarrollará el juicio y la capacidad de Maduro para mantener a su actual equipo de abogados.