Preocupación de Pacientes Colombia por el deterioro de Nueva EPS y Sanitas bajo intervención gubernamental

 

Pacientes Colombia, una organización que representa a 200 asociaciones de pacientes en todo el país, ha manifestado su profunda inquietud ante los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras en la Nueva EPS. Esta entidad, intervenida por el Gobierno desde abril de 2024 y con más de 11.5 millones de afiliados, presenta graves deficiencias en su manejo, según el reporte oficial.

La Contraloría advirtió que no se pudo acceder a la información financiera de la EPS, la cual no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud desde hace tres años. La falta de estados financieros certificados y la escasa transparencia en los datos han impactado directamente la definición de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y la financiación del sector.

Los hallazgos de la auditoría revelan un notable deterioro en la gestión de la Nueva EPS. Se identificó un incremento desproporcionado de anticipos, un gran número de facturas sin auditar, un aumento en las cuentas por procesar que superan los $13.2 billones, y deficiencias en la contratación y en las reservas técnicas. Con un total de deudas por pagar de $21.37 billones a marzo de 2025, la sostenibilidad de la entidad y del sistema de salud en general se ve seriamente comprometida. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó la responsabilidad de la ADRES por seguir girando fondos sin una auditoría rigurosa.

A esta situación se suma la de la EPS Sanitas, que reporta un detrimento patrimonial de $1.7 billones tras la intervención. La entidad ha visto un aumento en las quejas, mayores niveles de siniestralidad y serias deficiencias en su red de atención, lo que ha afectado la calidad del servicio y el acceso a medicamentos para sus más de 5.7 millones de afiliados.

Pacientes Colombia cuestiona la eficacia de las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud, señalando que estas han profundizado la crisis en lugar de resolverla. Por ello, la organización exige la designación de un superintendente ad hoc para liderar las intervenciones de manera transparente. Además, hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a su antecesora y al superintendente de Salud, Giovanni Rubiano.

"No aceptamos más dilaciones ni evasivas. Esta crisis exige transparencia, responsabilidad y decisiones inmediatas," concluyó Denis Silva, solicitando la intervención de la Corte Constitucional para garantizar el cumplimiento de los derechos en salud.